El Gobierno y sus socios pactan despenalizar la okupación en la Ley de Seguridad Ciudadana

PSOE, Podemos y sus socios parlamentarios han acordado despenalizar la okupación de inmuebles, viviendas o edificios que actualmente recoge la Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata del artículo 37.7 de esta norma, aprobada por el Partido Popular en 2015 y cuya reforma se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.

Paralizada desde octubre del año pasado por los desacuerdos entre formaciones, el Gobierno decidió retomar hace unos días los trabajos para que la ley, una de las pretensiones de Podemos, esté en vigor cuanto antes. La norma genera un notable malestar entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que consideran que les deja desprotegidos ante los violentos. Los sindicatos policiales ya protagonizaron el año pasado una manifestación multitudinaria e inédita para protestar por el plan del Ejecutivo.

Okupación

Entre las enmiendas acordadas entre los socios figura la que deja sin castigo «la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal». Hasta ahora, este hecho estaba penalizado como una «infracción leve», con multa de entre 100 y 600 euros.

Este artículo sirve para castigar la okupación de baja intensidad, que no merezca reproche penal. Es decir, aquellas de carácter ocasional y esporádico, sin vocación de permanencia, y enmarcadas frecuentemente en las acciones llevadas a cabo por colectivos antisistema.

Según la enmienda pactada, a partir de ahora sólo se sancionará en dicho artículo «la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente». Los socios también han pactado despenalizar «la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada».

La despenalización de la okupación cuenta con el rechazo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos que consideran que, dado el notable incremento de conductas de este tipo, la infracción no debe suprimirse.

Rodea el Congreso

Entre otras novedades, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana despenaliza «la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a la sede del Congreso de los Diputados, el Senado y asambleas legislativas de las comunidades autónomas aunque no estuvieran reunidas cuando no constituya infracción penal».

Asimismo, no se sancionará a los menores de edad que provoquen desórdenes públicos y se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, de forma que quien perciba unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario Mínimo Interprofesional, tendrá una reducción en las sanciones del 50%.

Uno de los asuntos que más preocupan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también ha salido adelante. Así, la grabación o difusión de imágenes de los agentes, en la calle o durante manifestaciones, no tendrá castigo, salvo que el uso de este material o de los datos de estos funcionarios suponga un «constatable» peligro para su seguridad y la de sus familias o para la operación. Además, se obliga a que ese riesgo o peligro se «refleje motivadamente».

Aún quedan pendientes otros aspectos polémicos, como el uso del material antidisturbios, las sanciones por las multas por falta de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente.